Panamá, 9 de abril de 2025. Luego de la denuncia presentada por el Contralor de la República, Anel “Bolo” Flores sobre incumplimiento de contrato por parte de Panama Ports Company, concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal, entre otras irregularidades, la empresa mediante comunicado asegura que ha cumplido todo lo establecido en el contrato y la adenda suscrita durante la administración de Martín Torrijos.

En dicha adenda firmada en el año 2005, la empresa se comprometió a invertir más de mil millones de dólares y, adicionalmente, a realizar un pago de 102 millones de dólares por las infraestructuras que había heredado al asumir la concesión de los puertos antes mencionados.

El contralor en conferencia de prensa dijo que la empresa no había invertido esa cantidad que el contrato exigía; sin embargo, el comunicado señala “ PPC ha realizado inversiones significativas que exceden los $1,695 millones de balboas, superando no solo la inversión de $50 millones de balboas requerida bajo el contrato de concesión original, sino incluso la de $1,000 millones acordada bajo la adenda, tal y como lo constató la Contraloría General de la República en el año 2020 tras un minucioso proceso de auditoría que duró aproximadamente 4 meses”.

La empresa acusa de tergiversar “la realidad de la relación jurídica existe entre PPC y el Estado panameño bajo el contrato de concesión y sus adendas, sino que, además, contradice los propios actos del Estado panameño a través de los años”.

También destacó que la empresa ha pagado al Estado panameño la suma de $126 millones en concepto de dividendos”.

Aclaró que “todas las exoneraciones fiscales otorgadas a PPC bajo el contrato de concesión, el cual fue aprobado por la Ley 5 de 16 de enero de 1997 y sus respectivas adendas: son precisamente las mismas exoneraciones fiscales otorgadas a los otros operadores portuarias en Panamá”.

El comunicado concluye diciendo “PPC continua haciendo un llamado a la coordinación respetuosa y a las consultas para proteger la concesión que ha brindado servicios de alta calidad para el beneficio de Panamá y el mundo”.

Mientras tanto, el Ministerio Publico anunció ayer que, la entidad inició una investigación de oficio, por la presunta comisión de delito Contra la Administración Pública y otros delitos en perjuicio del Estado, en relación con el contrato en mención.