Panamá, 8 de julio de 2026. Estados Unidos elevó el tono de sus críticas contra China en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI), al acusar al gigante asiático de utilizar su poder marítimo y económico como una herramienta para coaccionar, intimidar y castigar a los países que adoptan decisiones soberanas contrarias a sus intereses.

Durante su primera intervención ante el Consejo de la OMI como representante permanente de Estados Unidos, el embajador Warren A. Stephens sostuvo que existe un patrón consistente en la estrategia marítima de Pekín, basado en el uso de su creciente influencia sobre la construcción naval, la infraestructura portuaria y las cadenas de suministro mundiales para ejercer presión política.

Stephens señaló que China construye actualmente más de la mitad de los buques del mundo, domina la fabricación de grúas pórtico para contenedores y de contenedores marítimos, además de haber desarrollado una agresiva estrategia de adquisición de concesiones portuarias e infraestructura logística a nivel global.

Según el representante estadounidense, estas inversiones trascienden el ámbito comercial y buscan ampliar la capacidad de influencia estratégica de Pekín.

«Cuando conviene a sus intereses, China convierte ese acceso en un instrumento de presión contra naciones soberanas», advirtió.

Panamá, citado como ejemplo

El embajador utilizó el caso de Panamá para ilustrar su argumento.

Recordó que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las concesiones portuarias otorgadas a CK Hutchison en los puertos de Balboa y Cristóbal, una decisión que, según dijo, reflejó el compromiso del país con la transparencia, el Estado de derecho y la rendición de cuentas.

De acuerdo con Stephens, la respuesta de Pekín fue adoptar medidas contra buques con bandera panameña, acciones que Estados Unidos considera un intento deliberado de socavar la soberanía panameña, afectar las cadenas globales de suministro y erosionar la confianza en el comercio internacional.

El diplomático recordó que Estados Unidos, junto con Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, emitió una declaración conjunta condenando esas acciones por considerar que buscaban politizar el comercio marítimo y vulnerar la soberanía de Panamá.

Advertencia a los Estados miembros

Stephens afirmó que lo ocurrido con Panamá constituye una advertencia para todos los países.

A su juicio, permitir que una potencia extranjera o empresas vinculadas a un Estado controlen infraestructura portuaria estratégica implica aceptar una vulnerabilidad que puede convertirse en un instrumento de presión política cuando las decisiones soberanas del país anfitrión no coincidan con los intereses de esa potencia.

«Panamá ejerció su derecho soberano de hacer cumplir sus propias leyes, y China respondió apuntando contra los buques con bandera panameña. Ese no es el comportamiento de un socio marítimo responsable. Eso es coerción», manifestó.

En ese contexto, Estados Unidos instó a los Estados miembros de la OMI a revisar cuidadosamente las condiciones bajo las cuales entidades extranjeras, especialmente empresas vinculadas a gobiernos, adquieren o administran infraestructura portuaria crítica.

Asimismo, pidió fortalecer los mecanismos internacionales sobre seguridad marítima, aplicación de sanciones y protección de los derechos de los Estados de bandera, al considerar que la OMI debe preservar un orden marítimo basado en normas y evitar que vacíos regulatorios sean utilizados con fines geopolíticos.