Panamá, 29 de abril de 2026. La aprobación en segundo debate del Proyecto de Ley No. 491 ha intensificado la preocupación del sector marítimo-logístico, tras confirmarse un esquema de financiamiento que podría elevar los costos hasta $20 por contenedor (TEU) en operaciones portuarias.
El proyecto, impulsado por la diputada Grace Hernández, busca crear un fondo de ingreso complementario para jubilados con pensiones inferiores a B/.600. Sin embargo, sus modificaciones introducen cargos directos a la actividad logística, incluyendo:
- B/.10.00 por TEU movilizado
- B/.10.00 adicionales por fumigación por contenedor
El sector privado advierte: “Panamá no es un mercado cautivo”
La Cámara Marítima de Panamá (CMP) rechazó enérgicamente la propuesta, señalando que la imposición de nuevos cargos al movimiento de contenedores y servicios logísticos podría generar un efecto adverso en toda la cadena marítima.
A las advertencias de la Cámara Marítima de Panamá se suma ahora la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), que califica la medida como un retroceso para la competitividad logística del país.
MAPA subraya que Panamá no es un mercado cautivo, y que el negocio de transbordo es altamente competitivo, donde las navieras ajustan sus rutas en función de costos, eficiencia y estabilidad regulatoria.
En ese contexto, MAPA advierte que esta decisión: No solo incrementa costos, sino que altera la estructura del costo logístico frente a sus competidores
Riesgo de distorsión frente a hubs globales
El gremio también destaca que en los principales hubs logísticos del mundo:
- No existen cargos por contenedor para financiar políticas sociales
- No se aplican esquemas generalizados de fumigación a carga en tránsito
- Los costos están integrados a servicios logísticos eficientes
Por lo señalado anteriormente, MAPA advierte que Panamá estaría introduciendo costos sin valor logístico asociado, en un entorno donde cada dólar influye en la toma de decisiones de las navieras.
Según MAPA, la medida de llegar a ser ley de la República, aumentaría artificialmente el “costo país”, reduciría la competitividad frente a hubs regionales, incentiva el desvío de rutas marítimas, afecta el volumen de transbordo, golpea el empleo logístico y portuario y podría reducir ingresos del Estado en el mediano plazo
Además, advierte que Panamá podría convertirse en el único hub relevante de la región que grava el movimiento de contenedores sin un servicio asociado, introduciendo mayor complejidad y menor previsibilidad operativa.
Tanto la CMP como MAPA coinciden en que este tipo de iniciativas debe financiarse con recursos existentes del Estado, y no mediante cargas adicionales a sectores expuestos a competencia internacional.