CK Hutchison intensifica disputa legal con Panamá y amplía aviso de arbitraje internacional

Panamá 9 de marzo de 2026.CK Hutchison Holdings Limited informó que ha intensificado su respuesta legal contra la República de Panamá tras la ocupación de las operaciones portuarias de su subsidiaria Panama Ports Company (PPC) y confirmó que presentó un suplemento a su aviso de disputa bajo un tratado de inversión que contempla arbitraje internacional.

Según el comunicado emitido por la compañía desde Hong Kong, el suplemento amplía la notificación previa de disputa y sostiene que el Estado panameño ha continuado ignorando comunicaciones y suspendiendo consultas, mientras avanzaba con la ocupación de los puertos y la toma de propiedades y personal de PPC, acciones que la empresa califica de ilegales.

CK Hutchison y su filial con sede en Panamá, Panama Ports Company, también indicaron que han tomado una serie de medidas legales adicionales dentro de la disputa en curso relacionada con la concesión para operar las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

Como parte de estas acciones, PPC aclaró que en el marco del arbitraje internacional ya presentado solicita al menos 2,000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, una cifra que —según la empresa— ha sido tergiversada por Panamá en declaraciones públicas.

La compañía también señaló que ha tomado nota de diversas declaraciones que considera inexactas por parte del Estado panameño, las cuales, afirmó, han agravado la situación.

En paralelo, Panama Ports Company presentó un recurso administrativo solicitando la reconsideración del Decreto Ejecutivo No. 23, la medida que dio lugar a la ocupación de las instalaciones portuarias y a la confiscación de bienes de la empresa.

Asimismo, PPC continúa impugnando la confiscación de documentos y materiales propietarios protegidos legalmente, mientras mantiene un proceso de arbitraje internacional contra el Estado panameño bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

CK Hutchison indicó que no está de acuerdo con lo que calificó como conductas perjudiciales por parte del Estado panameño y señaló que seguirá evaluando, junto con sus asesores legales, las acciones disponibles en instancias legales nacionales e internacionales.

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