Panamá, 3 de febrero de 2026. Panama Ports Company (PPC), concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal, informó la noche de este martes que inició un proceso de arbitraje contra la República de Panamá, conforme a lo establecido en el contrato de concesión vigente y bajo las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

La empresa acusa al Estado panameño de haber emprendido, durante el último año, una campaña en contra de la compañía y de su contrato de concesión, lo que —según señala— ha derivado en graves perjuicios para la operación portuaria. Mediante un comunicado, PPC indicó que durante ese período intentó establecer canales de comunicación con las autoridades con el fin de evitar una escalada del conflicto.

La compañía explicó que el arbitraje se fundamenta en el contrato de concesión y en el marco jurídico que, por casi tres décadas, se ha consolidado como un “contrato-ley”, el cual afirma garantiza seguridad jurídica y el respeto a largo plazo de las condiciones legales y contractuales aplicables.

En su pronunciamiento, Panama Ports Company también sostuvo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley N.º 5 de 16 de enero de 1997, entre otras normas e instrumentos relevantes, contradice de manera directa decisiones anteriores del propio tribunal relacionadas con contratos de naturaleza similar al de PPC.

Asimismo, la empresa señaló que autoridades panameñas han realizado visitas inesperadas y emitido instrucciones para que PPC, como empresa privada, otorgue acceso irrestricto a su propiedad física, comercial e intelectual, así como a información interna y a su personal. Según la compañía, estas solicitudes se basan en que el Estado estaría implementando un proceso para “sistematizar y ejecutar” un plan de transición de los puertos mediante “acciones coordinadas” de distintas entidades gubernamentales.