Panamá, 23 de febrero de 2026. El Estado panameño tomó control de los puertos de Balboa y Cristóbal, removiendo a la empresa Panama Ports Company (PPC), según denunció la compañía mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la empresa, las autoridades asumieron el control operativo de ambas terminales portuarias y advirtieron sobre posibles acciones de persecución penal ante cualquier incumplimiento. PPC afirmó además que, tras estas medidas, el Estado mantiene actualmente el control de los dos puertos.

El comunicado señala que esta acción constituye el punto culminante de una supuesta campaña ilegal que el Estado habría iniciado hace un año contra PPC, sus inversionistas y su contrato de concesión. La compañía calificó la medida como ilegal y ejecutada sin transparencia ni coordinación.

Asimismo, advirtió que el “Estado es responsable de cualquier perjuicio o daño causado por sus propias acciones confiscatorias”.

La empresa sostuvo que tanto el fallo judicial, el Decreto Ejecutivo y otras acciones adoptadas por el gobierno para tomar control de los puertos son inconsistentes con la legislación aplicable y con la posición sostenida por el propio Estado durante casi tres décadas.

PPC denunció además que la Corte se negó a proporcionar el fallo antes de su publicación en la Gaceta Oficial este lunes y afirmó que el Estado intensificó su campaña mediante acciones ejecutivas apresuradas, basadas —según indicó— en un comunicado de prensa emitido por la Corte que calificó de irregular.

Añadió que el Estado no ha pagado compensación alguna y “optó por adoptar medidas que hicieron imposible la operación por parte de PPC de sus terminales en los puertos de Balboa y Cristóbal, interviniendo en los puertos en total desconocimiento de que PPC es una entidad privada propietaria y controladora de bienes físicos, comerciales, técnicos e intelectuales, así como de otros activos tangibles e intangibles, resultado de décadas de inversión en Panamá”.

Finalmente, el comunicado concluye que, pese a esta situación que describe como de ilegalidad y disrupción, PPC continúa buscando soluciones a la crisis que atribuye al Estado panameño.