Panamá, 20 de marzo de 2026. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aseguró mediante comunicado que el Estado procuró, de buena fe, una transición ordenada con el acompañamiento de PPC. Sin embargo, la empresa y sus afiliadas se negaron a cooperar, ocultando información e impidiendo una transición coordinada.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la continuidad operativa, segura y eficiente del servicio público, la República de Panamá, a través de los órganos competentes, asumió temporalmente la administración, mantenimiento y operación de ambas terminales, en su calidad de legítimo propietario conforme al artículo 29 de la Ley General de Puertos.

La entidad rectora de la actividad marítima señaló que la ocupación temporal no debe ser calificada como expropiación, sino como una utilización provisional mientras se determina su valor, garantizando en todo momento el debido proceso.

Asimismo, destacó que todos los actos administrativos del Órgano Ejecutivo se sustentan en la Constitución Nacional y en la ley, y han sido necesarios para ejecutar la referida sentencia, por lo que calificar sus actuaciones como “actos arbitrarios” o “confiscación” carece de toda lógica jurídica por parte de una empresa a la que siempre se le ha garantizado, y se le garantiza, el pleno ejercicio de sus derechos en la República de Panamá.

De igual forma, indicó que los puertos de Balboa y Cristóbal presentan un deterioro significativo y se encuentran alejados de las mejores prácticas y estándares internacionales exigidos.

El comunicado subraya que las diferencias entre el Grupo Hutchison y la Autoridad Marítima de Panamá serán ventiladas ante el tribunal arbitral, al que corresponderá decidir sobre el fondo de la demanda.