Panamá, 23 de febrero de 2026. El Gobierno Nacional ordenó la ocupación temporal de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, operadas por Panama Ports Company, invocando el interés social urgente conforme al artículo 51 de la Constitución Nacional.
Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 23 de 23 de febrero de 2026, el Órgano Ejecutivo dispuso que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) asuma la ocupación temporal y el control operativo de las instalaciones portuarias, así como de los bienes necesarios para garantizar la continuidad del servicio.
La medida comprende la ocupación de todos los bienes muebles utilizados en la operación portuaria, incluyendo grúas pórticas, vehículos a motor, equipos tecnológicos, software y demás activos localizados dentro de las terminales.
El decreto también instruye al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) a adoptar las acciones necesarias para asegurar el pago de salarios y prestaciones laborales de los trabajadores de ambas terminales.
Asimismo, ordena al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República realizar los avalúos correspondientes de los bienes existentes en los puertos de Balboa y Cristóbal.
El Gobierno señaló que la medida tiene como finalidad garantizar la continuidad del servicio portuario nacional mientras se adoptan decisiones administrativas y legales sobre la operación de las terminales.
Transición de 18 meses
El coordinador del equipo de transición de los puertos de Balboa y Cristóbal, Alberto Alemán Zubieta, informó que durante el período de transición, estimado en 18 meses mientras se convoca a una nueva licitación internacional, las terminales serán operadas por empresas internacionales especializadas.
Según explicó, APM Terminals asumirá la operación del puerto de Balboa, mientras que Terminal Investment Limited (TIL), brazo portuario de la naviera MSC, estará a cargo de la terminal de Cristóbal.
Durante ese período, el equipo gubernamental definirá el modelo portuario que Panamá adoptará de cara a la futura licitación internacional, con el objetivo de atraer operadores de largo plazo bajo esquemas posiblemente distintos a los actuales.
Alemán Zubieta también reconoció que las empresas involucradas podrían recurrir a instancias internacionales para presentar reclamaciones legales.
“Nosotros reconocemos que, al tratarse de un Estado de Derecho, las empresas tienen el derecho de presentar arbitrajes, como ya lo han hecho. El Estado panameño tendrá igualmente el derecho de defenderse, y para ello contrataremos las mejores firmas de abogados internacionales, como ha ocurrido en arbitrajes anteriores”, señaló.