Panamá, 17 de agosto de 2025. Los gremios marítimos advierten que el anteproyecto de ley 119 del 11 de agosto de 2025, presentado por el diputado Crispiano Adames para derogar el contrato Ley 15 de 17 de febrero de 1998 entre el Estado y Panama Canal Railway Company (PCRC), concesionaria del ferrocarril transístmico, pone en riesgo la seguridad jurídica y la atracción de inversión.

La Asociación Marítima de Panamá (MAPA) señaló en comunicado que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para el fortalecimiento del papel de Panamá como hub marítimo y logístico regional, y advirtió que cualquier revisión de contratos debe realizarse con base en análisis técnico, transparencia y diálogo.

En la misma línea, la Cámara Marítima de Panamá (CMP) expresó su “profunda preocupación” por iniciativas legislativas que afecten la estabilidad de contratos legalmente constituidos, advirtiendo que podrían impactar proyectos estratégicos y generar un ambiente de incertidumbre para los inversionistas. El gremio recordó que la industria marítima, logística y portuaria genera más de 109,400 empleos directos e indirectos, representando un motor clave para la economía nacional.

Por su parte, el diputado Adames argumentó que el anteproyecto busca “corregir irregularidades” en el contrato original y maximizar los beneficios para el Estado. Según la exposición de motivos, en 25 años la concesión ha aportado al Estado $55.1 millones, mientras que la empresa ha invertido $163.4 millones, cifras que si bien cumplen con los términos contractuales, no reflejan —a juicio del proponente— el verdadero valor estratégico del ferrocarril interoceánico.

MAPA y CMP coincidieron en exhortar a la Asamblea Nacional a conducir la discusión con responsabilidad, transparencia y apertura al diálogo, advirtiendo que cualquier decisión tendrá efectos directos en la estabilidad jurídica, la inversión y la competitividad del país como hub logístico.