Panamá, 30 de enero de 2026. El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que APM Terminals, brazo portuario del grupo Maersk y principal usuario del hub de transbordo de Panamá, ha mostrado su “disposición para asumir transitoriamente la operación de ambas terminales (Balboa y Cristóbal) y que cuenta con la capacidad y experiencia necesaria”.

Agregó que “esta medida se activará únicamente desde que quede ejecutoriado el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia, hasta que se produzca una nueva concesión luego de un proceso abierto y participativo, defendiendo los intereses panameños con la garantía de mejores recursos para nuestro país”.

En ese sentido, a través de un comunicado de prensa, APM Terminals confirmó que la empresa está dispuesta a asumir temporalmente la operación de ambas terminales. “Esto busca mitigar los riesgos que puedan afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global, y apoyar el hub logístico de Panamá”, indicó la compañía.

La empresa portuaria del Grupo Maersk subrayó que el ingreso para operar las terminales se hará cumpliendo todas las formalidades y el procedimiento establecido en la ley. Este solo podrá producirse luego de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá quede ejecutoriada, un plazo que no depende de la empresa.

Mulino aseguró que los puertos de Balboa y Cristóbal seguirán operando sin alteraciones y que continuarán sirviendo al mundo como el centro logístico de excelencia que es Panamá.

Por su parte, Alejandro Kouruklis, director de Relaciones Institucionales de Panama Ports Company, en entrevista con Telemetro Reporta, afirmó que la concesión estuvo respaldada por leyes y contratos aprobados por distintos gobiernos y asambleas durante 28 años, por lo que considera poco serio que ahora se declare inconstitucional.

Kouruklis sostuvo que, si existían diferencias, el contrato establecía mecanismos como diálogo, negociación o arbitraje, no la anulación total por inconstitucionalidad. Calificó la acción como inédita y extrema.

Añadió que este tipo de medidas se observan en países donde se nacionalizan industrias, no en economías que promueven la inversión extranjera.

En tanto, China respondió que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de las empresas chinas, luego de que la Corte Suprema de Panamá dictaminara que un contrato de una filial de CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, era inconstitucional.