Cámara Marítima respalda postura del Ejecutivo y alerta sobre riesgos a la seguridad jurídica

Panamá, 21 de septiembre de 2025. Luego de las declaraciones del Presidente José Raúl Mulino, quien afirmó que vetaría cualquier proyecto de ley que busque derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company, la Cámara Marítima de Panamá (CMP) calificó la posición del Ejecutivo como “positiva y responsable”.

“Como gremio que representa a más de 250 empresas del conglomerado marítimo y logístico, reiteramos que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para mantener la confianza de los inversionistas, clientes internacionales y usuarios de nuestra plataforma logística. Modificar y/o revocar contratos vigentes sin los procesos legales y técnicos adecuados pone en riesgo la estabilidad de Panamá como hub logístico global, llevándonos a perder credibilidad dentro del marco internacional.”, manifestó la CMP.

Este pronunciamiento se da en un contexto marcado por el reciente edicto de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se notificó a Panama Ports Company sobre la demanda de nulidad presentada por la Contraloría General de la República. Dicho organismo interpuso dos acciones legales: una contra la posible violación de normas constitucionales en el Contrato Ley, y otra por presunta ilegalidad de los actos administrativos que autorizaron la prórroga de ese mismo contrato.

En su comunicado, la Cámara Marítima reconoce la importancia de que cualquier revisión o auditoría de concesiones se haga dentro del marco legal, con transparencia y sin afectar la institucionalidad del país.

Actualmente, la Contraloría lleva adelante auditorías tanto a Panama Ports Compnay como a Panama Canal Railway Company.

“Nuestra prioridad es garantizar que la conectividad transístmica, junto con puertos, ferrocarril, carreteras y demás infraestructuras estratégicas del país, mantengan su competitividad, sostenibilidad y confiabilidad al servicio del comercio internacional”, destacó el gremio.

Finalmente, la CMP reiteró su disposición a trabajar junto al Gobierno Nacional y la Asamblea en iniciativas que fortalezcan la plataforma marítima y logística de Panamá, siempre bajo el respeto a la ley, la estabilidad contractual y la buena reputación del país en los mercados internacionales.

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